¿Pueden expulsar a España del espacio Schengen por la legalización de inmigrantes?

El 14 de abril de 2026, el gobierno de España, liderado por el presidente Pedro Sánchez, aprobó el Real Decreto 316/2026. Este documento puso en marcha una regularización masiva de entre 500.000 y 840.000 extranjeros que se encuentran en situación irregular en España. Esta medida es calificada como una necesidad económica, ya que fomenta el empleo legal de un gran número de inmigrantes y aumenta la recaudación fiscal y las cotizaciones a la seguridad social.
Sin embargo, esta decisión ha provocado una fuerte reacción en otros países de la Unión Europea. Algunos ven en ella una amenaza para todo el espacio Schengen e incluso han pedido medidas drásticas, llegando a sugerir la expulsión de España de la zona Schengen. La primera propuesta en este sentido fue formulada por el líder del Partido por la Libertad (PVV) de los Países Bajos, Geert Wilders. Todo ello por el temor de que, tras obtener la documentación española, cientos de miles de inmigrantes puedan moverse libremente por todo el espacio Schengen, dando lugar a la llamada «migración secundaria». Por su parte, el Instituto Polaco de Cultura Jurídica Ordo Iuris envió el 24 de marzo de 2026 una carta oficial a los 27 jefes de Estado y de gobierno de la UE, subrayando que la regularización masiva crearía serios riesgos para la seguridad de los países comunitarios. En Francia, los políticos de derecha ya han exigido que se restablezca un control riguroso en la frontera con España.
La situación se agrava porque la regularización se lleva a cabo en pleno endurecimiento de la política migratoria a nivel europeo. Muchos países (Italia, Dinamarca, Países Bajos) están aplicando medidas severas, restableciendo controles fronterizos y pidiendo una reforma del Acuerdo de Dublín. En este contexto, la actuación de España se percibe como un desafío a la unidad de Schengen.







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